La entrega de las primeras tarjetas alimentarias en el conurbano bonaerense puso en escena un nuevo debate alrededor de la instrumentación de las políticas sociales: cómo garantizar una medida de seguridad alimentaria masiva que haga foco rápida y directamente en la población más vulnerable dejando atrás modelos obsoletos y con serios cuestionamientos sobre su transparencia.
Es importante destacar que una política social que apunte a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos debe ser considerada una prioridad para cualquier gobierno que quiera dar la batalla del hambre en nuestro país. Sin importar el color político que defendamos, es menester acompañar y defender el derecho de todos los argentinos a llevar alimentos variados y de calidad a su mesa.
La ciudad de Buenos Aires, aún con indicadores económicos y sociales sustancialmente más beneficiosos que el resto de las provincias, entendió la importancia de este tipo de políticas sociales 15 años atrás, con la implementación del programa Ciudadanía Porteña, que a la fecha sigue en plena vigencia. Se trata de un sistema análogo al recientemente desarrollado por el gobierno nacional mediante el cual las familias en situación vulnerable reciben una tarjeta con la que pueden comprar alimentos y artículos de primera necesidad en los mismos comercios y supermercados en los que todas las personas realizan sus compras.
De esta manera, se establece una clara diferencia entre las políticas de transferencia monetaria condicionada, como lo es la Asignación Universal por Hijo, respecto de las de transferencia con fines de garantizar la seguridad alimentaria, como lo es la tarjeta alimentaria. Este segundo tipo de iniciativas sociales apuntan de lleno a un doble objetivo: por un lado no sólo reforzar el desarrollo nutricional adecuado de quienes más lo necesitan, sino a su vez llevar autonomía al grupo familiar para que pueda comprar y preparar sus alimentos y llevarlos a la mesa como desee y según sus costumbres y tradiciones. De esta forma se garantiza que los recursos que el Estado dispone para acompañar a las familias sean destinados exclusivamente a la compra de alimentos, favoreciendo así la independencia y sobre todo, la dignidad de poder decidir qué alimentos llevar a su mesa.
Dicho esto, si bien considero que la creación de la tarjeta es una política social que ha mostrado ser exitosa, es importante destacar que para garantizar esos buenos resultados los Estados deben ser sumamente responsables a la hora de implementar este tipo de políticas públicas. Algunas cuestiones nodales a tener en cuenta para una satisfactoria puesta en funcionamiento de tales mecanismos de seguridad alimentaria tienen que ver con:
–Garantizar la estricta eliminación de cualquier intermediario entre el Estado y la familia beneficiaria. Cuando esto no sucede, lo que era una política social de cuidado se transforma en un peligroso instrumento de coacción.
–Asegurar que la transferencia de ingresos esté acompañada por transferencia a su vez de conocimiento y capacitación que brinde herramientas a la familia sobre los valores nutricionales de los alimentos, cuáles privilegiar a la hora de armar el plan alimentario semanal y cuáles no, entre otras cuestiones. Lo importante es sobre todo fortalecer a los jefes y jefas de hogar para que puedan tomar buenas decisiones nutricionales que redundarán en un mejor y mayor desarrollo de todo el grupo familiar, con foco siempre en la primera infancia. Es bien sabido ya que los primeros 1000 días de vida de los niños son constitutivos de su desarrollo biopsicosocial.
–Realizar seguimientos periódicos y medir. Está claro que el desafío de toda política social es que pueda ser pasible de cuantificarse y así poder obtener un panorama claro de su impacto. Los equipos sociales deben trabajar codo a codo con las familias beneficiarias para hacer un acompañamiento permanente.
–Potenciar los eslabones que brinda la economía popular. Está claro que cuando se instrumentan estas políticas, se deben reforzar los circuitos de consumo de los barrios (en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con el programa Ciudadanía Porteña, se realizaron acuerdos en las ferias barriales con la consecuente incorporación de los dispositivos tecnológicos que permitieran a los comerciantes aceptar estas tarjetas). De esta manera, pueden florecer los pequeños comercios barriales y locales en lugar de beneficiarse solamente las grandes cadenas de supermercados.
Las condiciones están dadas. La decisión política también. El éxito de esta medida social para garantizar la seguridad alimentaria de todos los argentinos dependerá, en buena parte, de un método y un proceder transparentes, sin intermediarios, y de un Estado que monitoree y acompañe activamente a cada beneficiario de esta tarjeta. Lograr esto significará no repetir modelos de políticas públicas sociales que demostraron no ser eficaces y que en el camino terminaron siendo corrompidos.
*Columna de opinión publicada en Infobae el 25 de enero del 2020.
