Lo que comenzó semanas atrás con el suceso iniciado por el reclamo salarial por parte de la Policía Bonaerense ha sido el corolario y la evidencia más explícita de la mecánica y la dinámica que tiene el oficialismo para resolver los conflictos que atañen a nuestro querido país.
Hemos visto comunicarse en vivo y en directo por televisión una decisión del Poder Ejecutivo sobre esta cuestión. Una decisión tomada en el medio de una pandemia que está requiriendo de los esfuerzos económicos más importantes de los últimos tiempos. Una decisión cargada de discrecionalidad que cambió por decreto la distribución automática de fondos a favor de la provincia de Buenos Aires y en detrimento de la ciudad de Buenos Aires, apelando en lo discursivo a criterios simplificados de generación de riqueza por habitante, población y de necesidades básicas insatisfechas. En palabras del Presidente, un castigo a su “opulencia”.
Esta medida anunciada por el Ejecutivo de manera inconsulta y unilateral trajo de la mano el envío de un proyecto de ley que ya fue aprobado el viernes pasado en el Senado, tal vez en el intento, fallido, de darle un manto de institucionalidad y consenso a una medida que rompe todos los lineamientos de constitucionalidad y legalidad. El Convenio de transferencia de Fondos para el Servicio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se apoya en una serie de errores conceptuales, que no son inocentes.
En primer lugar, es un error considerar esta transferencia mediante el detalle del traspaso de agentes, patrulleros o chalecos, como se intenta hacer. Un correcto análisis de esta transferencia se debe realizar analizándola como un traspaso de competencias y funciones del servicio de seguridad a la ciudad de Buenos Aires. Otro error conceptual consiste en explicar el traspaso tomando como base el año 2016, el cual está a las claras que se trató de un año de transición. El costo del servicio se debe analizar a través de la ejecución presupuestaria de 2015, donde la prestación del servicio de Seguridad estuvo a cargo del gobierno nacional, presidido en ese entonces por la actual vicepresidenta.
Observamos entonces cómo una decisión unilateral e inconsulta del gobierno nacional avanza sobre el artículo 75 de la Constitución, lesionando todo concepto referido al federalismo fiscal.
También atenta gravemente contra la autonomía de la ciudad, que desde hace más de cuatro años asumió plenamente las funciones de seguridad pública, obligándola a depender del gobierno nacional a la hora de tomar decisiones que atañen a la manera en que se gestiona la seguridad del distrito. Porque no se trata simplemente de tener más policías o más patrulleros. Cuando el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta asumió el compromiso de crear la Policía de la Ciudad diseñó un plan estratégico basado en tres pilares fundamentales: formación y capacitación (a través de la creación del Instituto Superior de Seguridad Pública), equipamiento (destacándose especialmente la creación del Centro único de Coordinación y Control), y por último, cercanía, un valor emblema del jefe de Gobierno que derramó también en la forma de proceder de los efectivos policiales, los cuales pasaron a estar más tiempo en las calles y menos en las comisarías haciendo tareas administrativas que podían hacer civiles. En resumidas cuentas, la transformación en la seguridad de este distrito es innegable.
Llegados a este punto no quedan dudas que el envío de este proyecto de ley en el modo que fue enviado, tratado y discutido es un ataque directo a una administración transparente y eficiente. Pero lo más preocupante es que se convierte también en un ataque y avasallamiento a los derechos de más de 6 millones de argentinos y argentinas que todos los días viven, transitan, pasean, se educan y se curan en la ciudad de Buenos Aires.
Para lo que resta del año, la ciudad dejará de percibir 13.000 millones de pesos, que equivalen al pago de los salarios hasta fin de año de 20.000 policías de los 25.000 con los que hoy cuenta la ciudad de Buenos Aires.
Y como si fuera poco, hoy estamos en medio de una pandemia. Una pandemia que está generando una crisis social y económica profunda, y que viene insumiendo a la ciudad un gasto extraordinario de 20.000 millones de pesos, en el marco de una caída histórica de la recaudación estimada en 80.000 millones.
Celebro formar parte de un espacio político en el cual el diálogo y la búsqueda de consenso sean las herramientas más poderosas para cuidar la vida de los argentinos y argentinas. Es un momento histórico, estamos frente a una pandemia que le exige a la dirigencia política estar a la altura de las necesidades de todos los ciudadanos.
Celebro asimismo la decisión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de avanzar por los caminos institucionales que corresponden, defendiendo la Constitución, la autonomía de la ciudad, el estado de derecho y, sobre todo, el diálogo y el consenso, que son los únicos caminos posibles para la Argentina.
Es hora de dejar de apelar a falsos federalismos. La ciudad de Buenos Aires es patrimonio de todos los argentinos. Es claro que este conflicto ha visibilizado un problema estructural: cómo se reparte el dinero federal entre las provincias. Pero la respuesta a este debate no puede ni debe ser una decisión discrecional, arbitraria, por fuera de la legalidad y basada en consideraciones políticas o ideológicas.
*Columna de opinión publicada en el Diario La Nación el martes 6 de octubre del 2020.
