De cara al debate en el Senado, no se puede avanzar en base a imposiciones o a la anulación del que piensa distinto.
El debate por la interrupción legal del embarazo cuenta ya con muchas horas de discusión en el ámbito parlamentario, así como en los medios de comunicación, habiendo permeado también en el seno de los ámbitos de conversación cotidiana. La intensidad de ese debate comenzó dos años atrás con el tratamiento del primer proyecto en el año 2018 y continúa nuevamente durante estas semanas, quizás como un reflejo de la profunda división que genera este tema en nuestra sociedad.
Personalmente creo que estamos atravesando un momento único en la historia de nuestro país, y que el fondo de este debate tiene que ver con entender que no se puede avanzar en base a imposiciones o a la anulación del que piensa distinto; por el contrario, es hora de trabajar fuertemente en la construcción de consensos que aporten a la fortaleza y unión para la reconstrucción de nuestro país.
Por eso, estoy convencida de que el tratamiento de la interrupción legal del embarazo debemos pensarlo entendiendo la necesidad que tenemos las mujeres de ampliar nuestras libertades, luchando contra cualquier imposición que atente contra ellas y defendiendo siempre nuestra posibilidad de elegir. En definitiva, de lo que estamos hablando es de la superación de las desigualdades de género y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las autonomías de las mujeres.
Basta con mirar lo que sucede en Finlandia, uno de los países con los indicadores de género más elevados. Este país nórdico posee un modelo único en el que todas las cuestiones de interés para las mujeres fueron integradas en las estructuras del bienestar social, a saber: igualdad salarial, cuidado compartido de niños y niñas, violencia doméstica, por nombrar solo algunos. Un país en el que su primera ministra integra uno de los gabinetes con mayor participación femenina en el mundo, y que posee los índices más altos de mujeres trabajando en ciencia y tecnología. Y llego, entonces, al punto que me interesa destacar: un país que posee –y no casualmente- el número más bajo de embarazos adolescentes y de mortalidad materna.
Un poco más lejos de esta realidad, en la Argentina hoy nuestro Parlamento tiene una misión histórica: garantizar el acompañamiento de todas las mujeres en cada una de sus situaciones y realidades. Sin imposiciones, pero también sin criminalizaciones ni clandestinidad.
A 25 años de la Declaración de Beijing, la conferencia mundial que marcó un punto de inflexión para la agenda mundial de la igualdad de género, es momento que nuestro país empiece a consolidar los avances jurídicos que garanticen los derechos de todas las mujeres a elegir libremente sus proyectos de vida. La interrupción legal del embarazo se presenta entonces como el último eslabón de una política integral de acompañamiento de las mujeres, que comienza con educación sexual en todos los niveles, garantizada en cada rincón del país y dejando de lado planteos ideológicos o religiosos; continúa con el acceso irrestricto a información de calidad y a métodos anticonceptivos en forma gratuita; y si todas estas instancias no fueran suficientes, poder detener el embarazo amparadas en la legalidad y sin ser juzgadas socialmente.
En definitiva, la lucha por la despenalización del aborto es tan solo un escalón en ese largo camino que tenemos por delante hacia la consecución de la equidad. Y cada escalón es necesario, valioso, imprescindible para seguir avanzando hacia una sociedad donde las políticas de igualdad sean la base para formar ciudadanos y ciudadanas libres para tomar decisiones, desplegar todo su potencial y acelerar el desarrollo económico del país.
*Columna de opinión publicada en Todo Noticias el sábado 12 de diciembre del 2020.
