La entrega de las primeras tarjetas alimentarias en el conurbano
bonaerense puso en escena un nuevo debate alrededor de la instrumentación de
las políticas sociales: cómo garantizar una medida de seguridad alimentaria
masiva que haga foco rápida y directamente en la población más vulnerable
dejando atrás modelos obsoletos y con serios cuestionamientos sobre su
transparencia.
Es importante destacar que una política social que apunte
a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos debe ser considerada
una prioridad para cualquier gobierno que quiera dar la batalla del hambre en
nuestro país. Sin importar el color político que defendamos, es menester
acompañar y defender el derecho de todos los argentinos a llevar alimentos
variados y de calidad a su mesa.
La ciudad de Buenos Aires, aún con indicadores económicos y sociales
sustancialmente más beneficiosos que el resto de las provincias, entendió la
importancia de este tipo de políticas sociales 15 años atrás, con la
implementación del programa Ciudadanía Porteña, que a la fecha
sigue en plena vigencia. Se trata de un sistema análogo al
recientemente desarrollado por el gobierno nacional mediante el cual
las familias en situación vulnerable reciben una tarjeta con la que pueden
comprar alimentos y artículos de primera necesidad en los mismos comercios y
supermercados en los que todas las personas realizan sus compras.
De esta manera, se establece una clara diferencia entre
las políticas de transferencia monetaria condicionada, como lo es la Asignación
Universal por Hijo, respecto de las de transferencia con fines de garantizar la
seguridad alimentaria, como lo es la tarjeta alimentaria. Este segundo tipo
de iniciativas sociales apuntan de lleno a un doble objetivo: por un lado no
sólo reforzar el desarrollo nutricional adecuado de quienes más lo necesitan,
sino a su vez llevar autonomía al grupo familiar para que pueda comprar y
preparar sus alimentos y llevarlos a la mesa como desee y según sus costumbres
y tradiciones. De esta forma se garantiza que los recursos que el
Estado dispone para acompañar a las familias sean destinados exclusivamente a
la compra de alimentos, favoreciendo así la independencia y sobre todo, la
dignidad de poder decidir qué alimentos llevar a su mesa.
Dicho esto, si bien considero que la creación de la tarjeta es una
política social que ha mostrado ser exitosa, es importante destacar que para
garantizar esos buenos resultados los Estados deben ser sumamente responsables
a la hora de implementar este tipo de políticas públicas. Algunas
cuestiones nodales a tener en cuenta para una satisfactoria puesta en
funcionamiento de tales mecanismos de seguridad alimentaria tienen que ver con:
–Garantizar la estricta eliminación de cualquier intermediario
entre el Estado y la familia beneficiaria. Cuando esto no sucede, lo
que era una política social de cuidado se transforma en un peligroso
instrumento de coacción.
–Asegurar que la transferencia de ingresos esté acompañada por
transferencia a su vez de conocimiento y capacitación que brinde
herramientas a la familia sobre los valores nutricionales de los alimentos,
cuáles privilegiar a la hora de armar el plan alimentario semanal y cuáles no,
entre otras cuestiones. Lo importante es sobre todo fortalecer a los jefes y
jefas de hogar para que puedan tomar buenas decisiones nutricionales que redundarán
en un mejor y mayor desarrollo de todo el grupo familiar, con foco siempre en
la primera infancia. Es bien sabido ya que los primeros 1000 días de vida de
los niños son constitutivos de su desarrollo biopsicosocial.
–Realizar seguimientos periódicos y medir. Está claro que
el desafío de toda política social es que pueda ser pasible de cuantificarse y
así poder obtener un panorama claro de su impacto. Los equipos sociales deben
trabajar codo a codo con las familias beneficiarias para hacer un acompañamiento
permanente.
–Potenciar los eslabones que brinda la economía popular.
Está claro que cuando se instrumentan estas políticas, se deben reforzar los
circuitos de consumo de los barrios (en el caso de la Ciudad de Buenos Aires
con el programa Ciudadanía Porteña, se realizaron acuerdos en las ferias
barriales con la consecuente incorporación de los dispositivos tecnológicos que
permitieran a los comerciantes aceptar estas tarjetas). De esta manera, pueden
florecer los pequeños comercios barriales y locales en lugar de beneficiarse
solamente las grandes cadenas de supermercados.
Las condiciones están dadas. La decisión política también. El
éxito de esta medida social para garantizar la seguridad alimentaria de todos
los argentinos dependerá, en buena parte, de un método y un proceder
transparentes, sin intermediarios, y de un Estado que monitoree y acompañe
activamente a cada beneficiario de esta tarjeta. Lograr esto
significará no repetir modelos de políticas públicas sociales que demostraron
no ser eficaces y que en el camino terminaron siendo corrompidos.
*Columna de opinión publicada en Infobae el 25 de enero del 2020.